El martes 17 de junio de 2025, el pleno del Consejo de Administración Legislativa (CAL) envió a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa el tercer proyecto de ley económica urgente propuesto por el presidente Daniel Noboa. La decisión se tomó de manera unánime, a partir de una moción presentada por una asambleísta, con el objetivo de fomentar la protección de los espacios naturales y promover un desarrollo local sostenible.
Contexto y dinámica del envío
Este nuevo proyecto representa la tercera iniciativa de carácter urgente con enfoque económico que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea en las primeras semanas de este mandato. Los dos anteriores abordaron temas sensibles como la lucha contra economías informales vinculadas al crimen organizado y la reforma de integridad en la contratación pública, lo que indica un impulso significativo hacia reformas estructurales.
Metas fundamentales del proyecto
Se trata de la Ley para la Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, que cumple con estos fines específicos:
- Protección y sostenibilidad: establecer mecanismos emergentes para reactivar, preservar y vigilar zonas protegidas frente a amenazas como minería ilegal, deforestación y actividades de grupos armados.
- Valorización de servicios ambientales: definir retornos económicos para las comunidades por su rol en conservar los ecosistemas y fomentar una economía verde mediante incentivos a actividades responsables.
- Turismo ecológico: incentivar proyectos de turismo ambiental, científico y recreativo, promoviendo inversión pública y privada, con controles para asegurar mantenimiento ambiental y generación de empleo local.
Procedimiento legislativo inmediato
La Comisión de Desarrollo Económico ha sido designada para su análisis técnico y construcción del informe para el primer debate. Se dispone de un plazo de diez días, al término del cual deberán presentar sus conclusiones. Adicionalmente, se establece un periodo de cinco días para recepción de opiniones ciudadanas, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo cual garantiza una fase participativa elcomercio.com+7canalrtu.tv+7ecuador221.com.ec+7.
Integración con otras iniciativas
En la misma jornada legislativa, el CAL también delegó a otra comisión un plan promovido por el Defensor del Pueblo para erradicar la servidumbre de la gleba, y se encargó a la Comisión de Desarrollo Económico examinar una modificación a la Ley de Fomento Artesanal. Esto muestra una agenda legislativa diversa con un enfoque integral en lo económico, social y ambiental.
Posibles ventajas e impactos
El plan es crucial por distintas razones:
- Reestablecimiento del papel estatal: recuperar el control de regiones impactadas por economías ilícitas y fortalecer la presencia institucional.
- Desarrollo económico local: crear puestos de trabajo a través del turismo y servicios, principalmente en comunidades rurales desfavorecidas.
- Turismo responsable: promover áreas protegidas como destinos ecológicos para turistas nacionales y extranjeros, con normas ambientales y seguridad.
- Iniciativas tecnológicas y logísticas: se planea utilizar herramientas tecnológicas para la observación de territorios y el respaldo a las fuerzas de seguridad donde sea requerido.
Posibles debates y riesgos
- Privatización vs. gestión pública: sectores críticos advierten sobre concesiones a entidades privadas en áreas estratégicas, llamando a mantener la soberanía estatal sobre los recursos naturales.
- Cumplimiento constitucional: hay vozes que piden verificar que el proyecto no incurra en vicios como mezclar materias (ambiental, penal, económica) dentro de una sola norma urgente, lo que podría atrasar o invalidar su tratamiento.
Próximas etapas y retos
Dentro de unos días:
- La Comisión debe elaborar el informe con aportes técnicos, jurídicos y ambientales.
- Se realizarán sesiones abiertas para integrar comentarios de la ciudadanía y organizaciones.
- Tras el primer debate en Pleno, sería necesario definir una discusión más amplia, incorporando visión de ministerios, organismos ambientales y autoridades locales.
- Habrá que vigilar el cumplimiento del plazo y la metodología participativa para garantizar legitimidad.
