El Gobierno Nacional comenzó oficialmente el proceso de desvinculación de aproximadamente 5.000 funcionarios públicos, como parte de una reestructuración institucional destinada a optimizar el funcionamiento del Estado. La medida, que fue anticipada por el presidente Daniel Noboa durante su cadena nacional del pasado jueves, forma parte del denominado Plan de Reestructuración del Ejecutivo, cuyo objetivo es reducir el tamaño del aparato estatal y mejorar su eficiencia operativa.
La resolución abarca la combinación y desaparición de ministerios y secretarías, además de la eliminación de puestos juzgados como superfluos. El Gobierno indicó que las desvinculaciones se efectuaron siguiendo criterios técnicos, dando prioridad al desempeño institucional y sin considerar motivaciones políticas o ideológicas.
Entre los ministerios combinados se incluyen el de Cultura y Patrimonio junto con el de Educación, así como el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica junto con Energía y Minas. La Secretaría de Pueblos también fue incorporada en otras entidades. Con esta reorganización, el total de ministerios se disminuyó de 20 a 14, mientras que las secretarías se redujeron de nueve a tres, lo que implica una disminución del 41 % en la estructura del Ejecutivo.
Las desvinculaciones fueron ejecutadas de forma progresiva y de acuerdo con una resolución del Ministerio de Trabajo que habilitó a cada entidad pública a revisar su estructura interna y emitir informes justificativos para suprimir cargos. Estas solicitudes debían ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que evaluó la disponibilidad presupuestaria para cubrir las liquidaciones.
El proceso excluyó de forma explícita a personal considerado esencial, como médicos, enfermeras, docentes, policías, militares y personas que forman parte de grupos vulnerables. Desde el Gobierno se recalcó que las decisiones fueron tomadas en el marco de un análisis funcional que identificó puestos que, según los informes internos, dificultaban la eficiencia institucional.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de polémica. Desde sectores sindicales y organizaciones sociales se cuestionó la falta de transparencia en los criterios aplicados para determinar los despidos. Voceros del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresaron su preocupación por el impacto laboral y social que generará la medida, así como por el eventual debilitamiento de áreas sensibles del Estado.
Asimismo, varios grupos manifestaron su descontento con la unión de ministerios, argumentando que podría resultar en la disminución de políticas públicas focalizadas, como aquellas asociadas a comunidades indígenas, cultura y medio ambiente. Particularmente, la combinación del Ministerio del Ambiente con el de Energía ha suscitado preocupaciones debido a la posibilidad de que los intereses extractivistas influyan más en las decisiones sobre el entorno natural.
Desde el Ministerio de Trabajo se comunicó que los procedimientos se llevaron a cabo respetando las garantías laborales de los empleados separados y que se asegura el pago de compensaciones de acuerdo con la normativa. La entidad afirmó que se implementaron medidas de control para prevenir injusticias y asegurar que cada procedimiento esté debidamente fundamentado.
El Ejecutivo igualmente comunicó que en 2026 se pondrá en marcha un sistema nuevo de evaluación semestral para todos los empleados del sector público. Los que no cumplan con los criterios exigidos podrían ser separados, como parte de un proyecto de modernización constante del Estado. Asimismo, se considera la entrada de nuevos talentos, con un foco especial en jóvenes profesionales, en un esfuerzo por una renovación generacional dentro de la administración pública.
Esta modificación se alinea con la meta del presidente Noboa de desarrollar un Estado más eficiente, con menor burocracia y orientado hacia resultados. La iniciativa también responde a los compromisos de ajuste fiscal que el país ha asumido ante entidades internacionales y pretende aliviar la situación de las finanzas públicas, impactadas por el elevado déficit presupuestario.
Pese a las críticas, el Ejecutivo defiende que la reestructuración permitirá al país contar con un aparato estatal más moderno, menos costoso y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Los próximos meses serán clave para evaluar los efectos reales de esta decisión tanto en la administración pública como en la economía y la sociedad ecuatoriana.
