El reporte producido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha expuesto la supuesta participación de la empresa multinacional Acciona en una red de corrupción dirigida desde la dirección del Partido Socialista. De acuerdo con los investigadores, la compañía podría haber pagado cientos de miles de euros en comisiones ilegales para obtener contratos públicos de gran magnitud, en un esquema gestionado directamente por Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE.
Pagos indebidos superiores a 600.000 euros
La UCO ha registrado el desembolso de al menos 620.000 euros en sobornos asociados a concesiones concretas favoreciendo a Acciona. Según el reporte, los fondos fueron dirigidos por medio de intermediarios relacionados con José Luis Ábalos y su asesor de aquel entonces, Koldo García. Todo esto ocurrió bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los investigadores identifican como responsable de coordinar las sumas, los beneficiarios y el cronograma de los pagos.
Asimismo, se estudia una segunda cantidad de cerca de 450.000 euros ligada a otros contratos concedidos más recientemente, lo cual sugeriría que el esquema de corrupción persistió aun después de los primeros signos públicos de irregularidades.
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Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El documento describe de qué manera los acuerdos se elaboraban para asegurar la adjudicación a la compañía, a cambio de pagos previamente acordados. Era, según los funcionarios, una “organización totalmente estructurada” en la que las autoridades políticas participaban directamente para beneficiar a ciertas compañías a cambio de ventajas económicas.
El papel de Santos Cerdán
Uno de los elementos más destacados del reporte es cómo Santos Cerdán se ha destacado como pieza fundamental en la distribución y administración de los sobornos. La Guardia Civil afirma que Cerdán no solo estaba al tanto del sistema de pagos, sino que desempeñaba una función directiva en su implementación. Las conversaciones registradas muestran cómo se fraccionaban, discutían y repartían las sumas, de acuerdo al contrato concedido.
Cerdán se posiciona como el nexo central que conecta al PSOE con las compañías favorecidas por la red, siendo el principal enlace con el poder institucional.
Respuestas y mutismo institucional
Frente a la rotundidad del informe, Acciona ha comunicado que llevará a cabo una auditoría interna, despejando de responsabilidad a su actual liderazgo de los eventos investigados. No obstante, el daño a la reputación ya está ocasionado. La inclusión de un exdirigente de la compañía en los papeles revisados por la UCO ha reavivado la discusión sobre la colusión entre grandes corporaciones y el poder político.
Mientras tanto, el Gobierno no se pronuncia. Los líderes del PSOE se abstienen de comentar sobre un asunto que ya ha desembocado en la renuncia de funcionarios de alto rango y que podría socavar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El informe de la UCO confirma lo que hasta ahora eran sospechas dispersas: que una de las principales constructoras del país habría participado en un sistema corrupto para asegurarse contratos públicos, orquestado desde el corazón del partido que gobierna España. Si se confirman judicialmente los hechos, se trataría de una de las tramas de corrupción más graves de los últimos años, tanto por la magnitud económica como por el nivel jerárquico de los implicados.
Este caso no solo compromete a Acciona, sino que pone en tela de juicio el uso del poder institucional con fines particulares. El tiempo dirá si las consecuencias políticas estarán a la altura de la gravedad de los hechos revelados.
